Vox pide el cierre del COA de Marcilla; un programa de una cadena estatal entra al trapo en su rosa-vox programa televisivo; el Alcalde de Marcilla azuza y el de Pamplona a sacar tajada; nos dice Maya (sin aportar dato alguno, para variar) que es «un hecho» que existen delitos perpetrados por “menas” (aunque luego sea desmentido por el Departamento de Derechos Sociales) y que es “evidente” que ha bajado la seguridad de Pamplona (aunque luego sea desmentido por la Delegación de Gobierno). Todo de corrido y sin respirar. “Menas”, acrónimo creado para deshumanizar a menores, a niños y niñas en situación de desamparo, es decir, vulnerables. La caverna política y mediática intentando alborotar el patio, una vez más, a costa de los y las más desfavorecidas y vulnerabilizadas por el sistema.
Ante semejante cúmulo de racismo, xenofobia y aporofobia, diversos agentes sociales se han pronunciado en contra del intenso e interesado uso de problemáticas de las que las Instituciones no se responsabilizan, pero de las que pretenden sacar rédito. Ante ese racismo institucional ¿Qué reacción ha tenido el Gobierno de Navarra? La desconocemos, no tenemos constancia de declaraciones públicas ni del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, cuya competencia es la lucha contra el racismo y la xenofobia, cuyo silencio genera un espacio vacío que legitima el discurso imperante, ni del Departamento de Derechos Sociales, bajo cuya tutela se encuentran estos menores. Cabe señalar que este último se limitó a decir que no había datos que sostuvieran el relato xenófobo, se echa de menos la defensa responsable que corresponde a cualquier tutor/a legal; más allá de los datos hay derechos, especialmente cuando se trata de personas menores, que hay que defender y blindar. De lo que sí tenemos constancia es de una mayor y progresiva desprotección de estos jóvenes. Se han cerrado centros de menores; se han desmantelado programas y servicios de acompañamiento orientados, supuestamente, a garantizar su inclusión; ha habido un drástico cambio de criterio sin que el Gobierno tenga un plan estratégico ni criterios concretos y transparentes (como en temas de prestaciones sociales, centros de acogida, apoyo jurídico a chavales, hasta qué edad, etc.…), que se tradujo en la la expulsión del Sistema de Protección a aquellos jóvenes no acompañados que adquirían la mayoría de edad o cuya mayoría de edad se probaba, y en la transferencia de competencias al Departamento de Políticas Migratorias sin la planificación y diseño del programas adecuados para acoger a todos estos jóvenes. Después de dos años, se sigue funcionando con base en urgencias e improvisaciones no justificadas.
El sector de protección en general y el del menor en particular está privatizado y precarizado, lo llevan empresas privadas con muy pocos recursos, falta de personal, condiciones laborales pésimas, salarios bajos y falta de protocolos e instrucciones para los y las trabajadoras; tal y como han denunciado recientemente desde el sindicato LAB, con representación en el sector. Los controles policiales por perfil racial a menores y jóvenes son habituales y abusivos, sin que existan protocolos especiales, acordes con la protección del menor (o al menos no los facilitan cuando se les solicita). Existen testimonios que implican a todas las policías en estas identificaciones, entre ellos destacan los relacionados con Policía Municipal de Pamplona, por su número y por sus prácticas: identificaciones en lugares públicos muy concurridos, menores puestos contra la pared, obligarles a estar descalzos, tomar fotografías sin su consentimiento…; todo ello únicamente para proceder simplemente a su identificación (sin que se hayan producido detenciones).
Los alborotadores y alborotadoras del patio del colegio atacan a las personas más desfavorecidas, para “problematizar” a las víctimas de sus ataques, para que hablemos de ellas y no de que existen matones en el patio que quebrantan la convivencia; el día que invirtamos estos términos, habremos avanzado algo en combatir el racismo, la xenofobia y la aporofobia. El día que las instituciones, los y las responsables políticos se decidan a combatir el racismo, empezando por reconocer y desarticular el institucional, y a proteger de manera efectiva a las personas vulnerabilizadas y no a recortar prestaciones, también. Se trata de paliar los efectos que este sistema excluyente tiene sobre las vidas de las personas, de garantizar derechos en esos márgenes a los que ese mismo sistema empuja y condena, no de hacer uso de las competencias cuando y hasta donde conviene. Se trata de defender la dignidad y los derechos de todas las personas en la práctica y el discurso, de ser responsables, de hacerse cargo.
El día en el que la sociedad y la clase política se convenza de que, más que la Policía, quién garantiza la “seguridad ciudadana” son los sistemas de protección social y las redes de solidaridad y de apoyo mutuo, habremos avanzado en mejorar esa convivencia y, sobre todo, habremos avanzado en justicia social.
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