1. 2.
    3.
    APORTACIÓN DE SOS RACISMO NAFARROA AL PLAN DE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA EN NAVARRA 2021-2026
    INTRODUCCIÓN
    ANÁLISIS CRÍTICO DEL PLAN: CONTENIDOS GENERALES
    2.1. RACISMO ESTRUCTURAL (Racismo político frente al racismo social)
    2.2. RACISMO INSTITUCIONAL
    2.3. CUOTAS DE REPRESENTACIÓN EN LAS INSTITUCIONES
    2.4. PARTICIPACIÓN
    2.5. INTERSECCIONALIDAD Y GÉNERO
    2.6. ACOMPAÑAMIENTO
    ANÁLISIS CRÍTICO DEL PLAN: CONTENIDOS SECTORIALES O TRANSVERSALES
    3.1. OBJETIVO GENERAL
    3.2. ACCIÓN INSTITUCIONAL
    3.3. DELITOS, INCIDENTES Y DISCURSO DE ODIO
    3.4. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
    3.5. COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PARA LA
    LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA
    3.6. VIVIENDA
    3.7. EMPLEO
    3.8. EDUCACIÓN
    3.9. SALUD
    3.10. OCIO Y TIEMPO LIBRE
    3.11. OTROS SECTORES Y ÁMBITOS TRANSVERSALES NO CITADOS POR EL
    PLAN
    3.11.1. SERVICIOS/POLÍTICAS SOCIALES
    3.11.2. POLICÍAS
    3.11.3. MITIGAR LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE
    EXTRANJERÍA
    3.12. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
    3.13. PROMOCIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS, DE SU DIGNIFICACIÓN Y VISIBILIZACIÓN GARANTIZANDO SU PRESENCIA EN LA MEMORIA COLECTIVA Y EN EL ESPACIO PÚBLICO
    3.14. EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA LUCHA CONTRA EL RACISMO
    3.15. JUSTICIA RESTAURATIVA
    OFICINA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE RACISMO Y XENOFOBIA VALORACIÓN FINAL
  2. 5.
  3. INTRODUCCIÓN
    En SOS Racismo Nafarroa hemos presentado desde 1995 Informes donde se incluyen los casos de racismo y xenofobia recogidos en Navarra https://sosracismo.eu/informe-sos/ y en nuestro Informe Anual contra el Racismo 2021 comprobamos que en el 70% el agente discriminador era una entidad pública, lo que se denomina Racismo Institucional.
    La simulación y la falacia no debe tener cabida en esta lucha. Por ello, consideramos que el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia 2021-2026 presentado en diciembre pasado por el Gobierno de Navarra (con la invitación de a realizar aportaciones y comentarios no vinculantes) carece de la falta de reconocimiento del Racismo Institucional y Estructural existentes, así como de acciones políticas públicas concretas y definidas para combatir estos lastres sociales. No encontramos en este Plan prácticamente ninguna medida encaminada a atajar el Racismo Estructural e Institucional.
    En suma, en el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026 deja en evidencia el incumplimiento de las funciones y medidas institucionales a las que está obligado el Gobierno de Navarra de pretender, en la realidad, acabar con el racismo y la xenofobia que permea en todos los ámbitos.
    Además de estas preocupantes situaciones, nos sorprende, y no gratamente, que se presente en el Plan como una propuesta nueva. Resulta sorprendente, cuando no indignante, la apropiación que se hace de la labor que realizan, desde hace muchos años, las organizaciones que luchan contra el racismo en Navarra. Un “corta-pega” defectuoso que no logra ocultar las auténticas carencias del Plan, como es la ausencia de medidas para atajar y combatir el racismo institucional y estructural, o dicho de otra manera, para ejercer la acción de gobierno también en la lucha contra el racismo.
    A las Instituciones no les pedimos que monten oficinas de denuncias o de acompañamiento a las víctimas del racismo y la xenofobia; lo que les pedimos es que tomen las medidas necesarias para que las denuncias que hacemos las organizaciones y desde las oficinas de denuncia antirracistas sean atendidas, sean resueltas, y no se queden en un cajón o una papelera. No se puede esperar, además, que las víctimas interpongan denuncias en una oficina de la misma institución a la que mayoritariamente denuncian. Tampoco compartimos que estas oficinas de denuncia deban ser “un espacio neutro, un espacio de denuncia no marcado”, como se indica en el Plan; en la lucha contra el racismo y la xenofobia no se puede ser neutro, hay que tomar partido por las personas más vulnerables, por las más desfavorecidas; hay que estar “marcado”.
    Al Gobierno no le pedimos que cree oficinas para sensibilizar o para celebrar el Día Mundial contra el Racismo, sino que cree organismos, preferiblemente con el grado de Instituto, hoy inexistente, para coordinar los distintos órganos del propio Gobierno y de la Administración que tienen competencias en este campo; para detectar y combatir el racismo estructural e institucional; para adoptar medidas estructurales que eviten la discriminación, que garanticen y se hagan efectivos los derechos de las personas migrantes, racializadas y gitanas.
    Desde hace años, le hemos reclamado a la Administración la creación de un organismo público con la figura de Instituto que coordine todos los organismos del Gobierno; que haga una labor de vigilancia e identificación de las estructuras que provocan o favorecen el Racismo Institucional (incorporando las ya detectadas por las organizaciones sociales) y que adopte las medidas legales y ponga los recursos técnicos, humanos y económicos para su erradicación, así como hacer un seguimiento, con criterios antirracistas, de las leyes y decretos que se promulguen.
    En una revisión no exhaustiva en SOS Racismo hemos detectado medidas discriminatorias en los Decretos Forales 27/2011 y 11/2009, así como en las Leyes Forales 15/2016 y 16/2019, ¿por qué no

empezar por la revisión de estas normativas señaladamente discriminantes? ¿por qué no iniciar por reconocer el camino mal andado y comprometerse en su reforma?, con la misma Ley de Extranjería, que concebimos como la máxima expresión del Racismo Institucional, una ley discriminatoria, racista y xenófoba. Ante esto, se hace imprescindible que previo a la publicación de cualquier normativa, la Administración haga una revisión desde una perspectiva antirracista y antidiscriminatoria de ésta, cosa que no se hace y nada de ello queda recogido en el Plan presentado.
Vemos también que en este Plan se incluye la Matriz de agentes (departamentos, direcciones, institutos, etc.) para realizar la evaluación y seguimiento del mismo, sin embargo, adolece de compromisos y propuestas concretas, que especifiquen los cambios normativos que va a realizar cada una en su ámbito de acción. ¿De qué sirve un extenso diagnóstico y un buen marco conceptual de partida que no se refleje y materialice ni en los objetivos ni en las acciones incluidas dentro del mismo?
El punto de partida de una verdadera lucha contra el racismo y la xenofobia debe tener un enfoque estructural en lo institucional/administrativo y comunitario en lo social. Esto es lo que esperábamos de un Plan contra el racismo y la xenofobia, pero el que ahora se nos ha presentado adolece de todos estos defectos: copia las tareas que son propias del movimiento social (y que realiza) y elude las tareas que son propias de una acción de gobierno.
El Plan del Gobierno navarro señala como objetivos “sustituir el odio o la discriminación hacia la persona por una actitud general de respeto y promoción de valores interculturales”, “poner las bases para una estrategia convivencial fundamentada en la tolerancia a la diversidad para la sociedad navarra”, “sensibilizar y luchar contra los estereotipos raciales y étnicos”.
Basta de hipocresía, si un Gobierno tiene como objetivo acabar con cualquier manifestación de racismo y xenofobia, deberá adoptar las medidas necesarias y poner los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para que ello sea posible. El sustituir odio y discriminación por “respeto” será la consecuencia de ello, no la medida a adoptar. La mayor parte de las medidas propuestas está enfocada a combatir prejuicios y estereotipos (actitudes personales/sociales), más que a lograr la transformación de la estructura racista de nuestra sociedad. Un gobierno tiene que combatir el racismo con medidas legales y con recursos que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos (mermados derechos) que tienen las personas migrantes, gitanas y racializadas, no con interculturalidad y mucho menos con “tolerancia”.
La misma anotación se aplica a los apartados de “Prevención de los incidentes y delitos de odio por racismo y xenofobia” y al enfoque interculturalista que propone, pues sin igualdad, la interculturalidad no existe, es otra falacia, ya que parte de una aceptación del actual sistema y aspira a una igualdad entre las personas de diversos orígenes, sin aportar herramientas para cuestionar y desmontar los factores estructurales que mantienen la desigualdad.
Igualmente, el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026 no contempla en ninguno de sus apartados medidas para paliar la desigualdad en las llamadas cuotas de representación de las personas migrantes, gitanas y racializadas, sin presencia entre quienes les atienden en las instituciones ni en cargos políticos o de representación popular. Y aunque este fallo es detectado por el Plan, luego no figura ni se menciona en los ámbitos de actuación. Ocurre lo mismo en cuanto a la “Participación”, vemos que los procesos participativos actuales siguen diseñados desde un punto de vista académico de diagnóstico —incluso desconocedor de la realidad social, política, asociativa o cultural— y no de transformación de las desigualdades. Es necesario establecer canales de comunicación efectivos y vinculantes con las Instituciones; favorecer espacios de encuentro y fortalecer aquellos existentes, aprovechando el rico tejido asociativo existente en Navarra, enfocados a generar estructuras participativas que culminen en la toma de decisiones vinculantes con las Administraciones.

El documento da una gran importancia conceptual a la interseccionalidad y, especialmente, a la de género, pero luego en los ámbitos de actuación, en los objetivos y en las medidas a adoptar, el tema de género desaparece, incluso falta una redacción con lenguaje inclusivo. Nos preguntamos ¿de qué sirve un Plan que por ningún lado contempla a colectivos tan significativos como las trabajadoras del hogar y los cuidados; a las mujeres que ejercen prostitución?; que no aborda el problema habitacional que soportan las mujeres a cargo de hogares monomarentales; la igualdad de derechos de las familias transnacionales; el reconocimiento formal de los procesos de reagrupación familiar ni a las mujeres víctimas de violencia machista.
Otro tema que vemos que se presenta como una novedad es el reforzamiento de las medidas de acompañamiento de las víctimas. Desde SOS Racismo Navarra hacemos un trabajo de acompañamiento a las personas que así lo prefieran o la situación que así lo requiere, sin embargo, esto no soluciona la raíz del problema e incluso lo agrava, pues se favorece la desigualdad de trato entre las personas racializadas acompañadas. Este trabajo no puede ser uno de los objetivos principales del citado Plan. El poder público tiene la responsabilidad de garantizar la accesibilidad de servicios públicos con cambios estructurales que se integren en su funcionamiento diario, con medidas inclusivas y protocolos de atención igualitario a toda la población teniendo en cuenta las condiciones específicas de diferentes sectores de población. Por ejemplo, detener el recorte de prestaciones y derechos que el propio Gobierno de Navarra ha llevado a cabo con los menores extranjeros acogidos al sistema de protección social.
El documento tampoco detecta la necesidad de introducir cambios estructurales en el sistema judicial y en el modelo policial para superar las barreras en la interposición de denuncias y/o para que éstas prosperen. Observamos la inexistencia de unidades de delito de odio dentro de la Policía Foral y de las Policías Locales de Navarra; la necesidad de capacitación de las personas que recogen la denuncia; crear un organismo multidisciplinar que monitoree el discurso de odio allí donde se produzca, incluidas las redes sociales.
A pesar de que el Diagnóstico en el que se sustenta el Plan contra el Racismo y la Xenofobia detecta “los encuentros con la policía” como una de las principales barreras con que se encuentra la población migrante (añadiríamos a la población gitana y racializada), este aspecto no aparece en los Ámbitos de intervención del Plan. Efectivamente, el encuentro con la policía y la acción policial, en general, es uno de los apartados del racismo institucional que más quejas genera en la Oficina de Denuncias de SOS Racismo Nafarroa. En el informe Anual 2020 señalamos que 18,17% de las denuncias han sido relacionadas con las actuaciones policiales.
Si se pretende luchar contra el racismo y la xenofobia, es imprescindible la adopción de medidas para el control de la acción policial, a fin de garantizar que las mismas sean acordes y respetuosas con los derechos humanos y la dignidad de las personas, en este caso, migrantes, gitanas y personas racializadas, como la implantación de boletines de identificación; la colocación de cámaras en los espacios en que se encuentren personas privadas de libertad o retenidas; la grabación de las intervenciones policiales; la implementación del protocolo de Estambul en Navarra; de protocolos para una investigación veraz e independiente de casos de abusos o torturas policiales, entre otras. Todas ellas avaladas por la ONU y organizaciones de derechos humanos. Requerimos de medidas verificables para garantizar el fin de las identificaciones policiales por perfil étnico y de las citaciones ante la Brigada de Extranjería (“Citas trampa”) llevadas a cabo por los cuerpos policiales dependientes de las entidades locales y del Gobierno de Navarra, así como garantizar el cumplimiento del estatuto de la víctima, que se puede ver vulnerado en los casos en los que las personas denunciantes que acuden a denunciar un posible delito ante agentes de Policía, se encuentren en situación administrativa irregular y puedan ser sujeto de incoación o ejecución de expedientes de expulsión o comunicaciones de salida obligatoria, como consecuencia de

las citaciones ante la Brigada de Extranjería citadas anteriormente. Obviamente, tampoco se proponen medidas para atajar estas carencias o problemas.
En cuanto al “Fortalecimiento del tejido social”, las entidades y organizaciones sociales seguimos a la espera de una mayor coordinación con la Administración y de una certidumbre en la viabilidad y continuidad de los proyectos, ya que, según el Plan, somos “imprescindibles para la Administración, a la vez que desprotegida por ésta”. Frente a ello, la única medida es la “continuación de los programas subvencionados a las entidades del tercer sector, sindicatos y organizaciones que llevan a cabo labores de acompañamiento y asesoría de víctimas”. Es decir, se propone una medida ya existente que, además, el propio diagnóstico cita como generadora del problema que se quiere evitar: la incertidumbre en la viabilidad y continuidad de los proyectos.
En los Ámbitos de intervención sectoriales como vivienda, empleo y educación, el objetivo general no plantea las competencias forales para asegurar leyes y normativas que luchan contra la especulación en materia de vivienda; la explotación en el empleo y segregación étnica en el sistema educativo que se presentan sistemáticamente reproduciendo los focos del racismo, así como la garantía el acceso y mantenimiento del derecho a una Sanidad Universal. Nos falta ver en este Plan una mirada estructural que se traduzca en la búsqueda de medidas para cómo hacer una inspección laboral efectiva; la regularización de precios de alquileres o creación de parques de viviendas protegidas; la adopción de medidas efectivas para evitar la segregación racial en el sistema educativo, tanto público como privado; establecer medidas y protocolos antidiscriminación en el acceso a locales de ocio y comercios, generar espacios educativos de convivencia y reforzar el apoyo técnico y económico a las asociaciones culturales que ya existen.
Urge también brindar apoyo legal en caso de amenaza de expulsión; el reconocimiento del derecho a Verdad, Justicia y Reparación para personas extranjeras que hayan sufrido violencia por parte del personal y funcionariado público o del Estado; la revisión de la normativa foral vigente que impide el acceso a derechos y servicios a personas en situación administrativa irregular, inclusión de personas que cumplan requisitos para regularizar su situación a través del empleo social protegido, etc., entre otras muchas más medidas.
Nada de ello queda recogido en el Plan presentado.
El colmo parece llegar –más allá de la evidente contradicción– con la propuesta gubernamental de “celebrar una jornada de reparación específica a las víctimas del racismo”, cuando, casi simultáneamente se aprueba la Ley Foral 16/2019, (que da reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos), pero excluye a las personas extranjeras residentes en Navarra.
De nuevo vemos que se hace énfasis en las formaciones, estudios, elaboración de materiales, campañas de sensibilización. Nos desilusiona ver la falta de medidas específicas y competencias de Departamentos forales en dicho material para avanzar hacia una lucha real contra el racismo. Es decepcionante pensar que en el 2026 no se habrá puesto en marcha un marco normativo más igualitario y justo en todos los ámbitos como la vivienda, educación, salud, empleo, cultura y ocio o seguridad.
Desde SOS Racismo Nafarroa continuaremos, como lo hacemos desde hace tres décadas, con nuestro cometido: dar visibilidad a diferentes expresiones del Racismo Estructural que siguen reproduciéndose de manera sistemática en todos los ámbitos del sistema y condicionan las vidas de las personas migradas y/o racializadas, relegadas de los márgenes sociales, políticos y culturales.

Finalmente, señalar que consideramos este Plan como una oportunidad perdida, fallida; porque no se trata de que el Gobierno, las Instituciones, jueguen a ser movimiento social, sino de que ejerzan su labor de gobierno en la lucha contra el Racismo y la xenofobia, asumiendo las tareas que le son propias y que el movimiento social no puede realizar. Es una de nuestras reivindicaciones históricas, hasta el momento no atendida, y a la que el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026 tampoco da respuesta.
Al Gobierno no le pedimos que ponga la pancarta antirracista en el balcón de las Instituciones; la pancarta la ponemos nosotras, el movimiento social, en la calle. Al Gobierno, a las Instituciones les exigimos que ejerzan su labor de gobierno para combatir el racismo y la xenofobia. Basta de simulación.

  1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL PLAN: CONTENIDOS GENERALES
    2.1. RACISMO ESTRUCTURAL (Racismo político, frente a racismo social)
    El Marco conceptual del Plan cita:
    El racismo es “una ideología hegemónica. Es un eje estructural del pensamiento occidente y un principio organizativo de los sistemas políticos contemporáneos” (p. 5).
    Tal y como hemos señalado en la introducción de este escrito, compartimos el marco conceptual de partida. Efectivamente, para luchar contra el racismo debemos partir de su concepción como “principio político”, que se encuentra en la estructura de la política, de la economía y de las Instituciones y, por consecuencia, que se transmite a la estructura social. Es por ello que, para atajarlo, debemos dotarnos de medidas dirigidas a esa estructura política; medidas políticas que vayan a la raíz de esas estructuras patriarcales, racistas y capitalistas.
    Poco lograremos intentando cambiar actitudes personales, prejuicios y estereotipos, si luego mantenemos las estructuras y normativas que sustentan las desigualdades estructurales y reproducen el racismo, además, no podemos quedarnos en un enfoque de responsabilidades individuales, que no solucionan ni cuestionan la estructura y se traducen en una individualización de la culpa, pero no reparan ni reconocen las consecuencias. Entendemos que el punto de partida debe tener un enfoque estructural en lo institucional/administrativo y comunitario en lo social.
    Si analizamos el contenido del Plan que se nos propone, nos encontramos con las siguientes propuestas (Objetivo general y Ámbitos de intervención, Capítulo 2):
    “actitud general de respeto… promoción de valores interculturales… estrategia de convivencia fundamentada en la tolerancia a la diversidad” (p. 12); “capacitación de los empleados y empleadas públicos… erradicar las actitudes o el lenguaje discriminatorio o xenófobo” (p. 13); “favorecer prácticas tolerantes” (p. 14); “perspectiva intercultural… promoción de valores tolerantes… trabajo en valores tolerantes en diversidad… formación en la interculturalidad” (p. 15); “una acogida tolerante hacia la diversidad” (p. 16); “construir una exigente convivencia intercultural sin prejuicios” (p. 17).
    Combatir el racismo no se consigue modificando actitudes personales, sino modificando estructuras políticas, con medidas políticas, como hemos señalado. Con políticas públicas que las avalen. No se lucha ni se combate el racismo potenciando el “respeto” y la “tolerancia”, sino garantizando derechos y el acceso efectivo a ellos. Sin igualdad, la interculturalidad no existe, es una falacia, ya que parte de una aceptación del actual sistema y aspira a una igualdad entre las personas de diversos orígenes, sin aportar herramientas para cuestionar y desmontar los factores estructurales que mantienen la desigualdad. Lo positivo de la interculturalidad, es erosionado constantemente por la desigualdad, la distribución del poder y los recursos; aceptada como natural e inmodificable.

Sin embargo, en el texto del Plan no encontramos prácticamente ninguna medida encaminada a atajar el racismo estructural e institucional, que en muchos casos ni se identifica (como luego expondremos en el análisis de los distintos apartados).
2.2. RACISMO INSTITUCIONAL
El Plan detecta:
“Buena parte de las barreras con las que se encuentra la inmigración derivan del racismo institucionalizado, el que se encuentra al entrar en contacto con las administraciones públicas, el derivado de las propias normativas, del trato en las fronteras, los encuentros con la policía” ( Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026, p.10).
Corroborando el diagnóstico del Plan, constatamos como el Informe que SOS Racismo Nafarroa elaboró en 2020 recoge que, de los casos de discriminación que llegaron a nuestra Oficina de Denuncias, en el 70% el agente discriminador era una entidad pública, lo que se denomina Racismo institucional.
Frente a esta realidad, el Plan presenta una carencia casi absoluta en la identificación de situaciones de Racismo institucional y de propuestas de medidas para enfrentarlas.
El título del apartado AI21 (“Prevención de los incidentes y delitos de odio por racismo y xenofobia. Lucha contra el discurso de odio. Prevención del racismo institucional”), llega a incluir este concepto, sin que luego en el desarrollo de éste sea tratado o mencionado.
Además de las discriminaciones por la acción específica de los distintos Departamentos, que luego analizaremos detalladamente, la propia acción del Gobierno, del Parlamento y de la Administración local en Navarra está generando situaciones de discriminación racial. Sólo a modo de ejemplo y por su importancia, citaremos las trabas que numerosos Ayuntamientos están poniendo al empadronamiento de personas extranjeras (llegando en ocasiones al incumplimiento de la ley) o, en el caso del Gobierno y del Parlamento, la promulgación de leyes con contenidos discriminatorios o incluso excluyentes hacia población migrante, gitana y racializada.
De un análisis no exhaustivo llevado a cabo por SOS Racismo Nafarroa, hemos detectado medidas discriminatorias en las siguientes leyes o decretos: Decreto Foral 27/2011, por el que se regula la reducción de la jornada del personal funcionario de las Administraciones públicas de Navarra; Decreto Foral 11/2009, por el que se aprueba el reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario de las administraciones públicas de navarra; Ley Foral 15/2016, por la que se regulan los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada; Ley Foral 16/2019, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.
Se hace evidente que, para evitar este tipo de discriminaciones, previo a la publicación de cualquier Ley Foral, la administración debería hacer una revisión desde una perspectiva antirracista y anti- discriminación de ésta, cosa que no se hace. Nada de ello queda recogido en el Plan presentado.
2.3. CUOTAS DE REPRESENTACIÓN EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
El Plan detecta:
“Los colectivos vulnerables tienen dificultades en el acceso a los recursos y no encuentran representación de la población de origen migrante y/o racializada/etnificada en las instituciones… A
1 Ámbitos de Intervención presentados en el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026

esto no contribuye de manera positiva el hecho de que las personas migrantes no se sientan representadas en las diversas instituciones por las que son atendidas/os por no existir a penas cuotas representativas de población migrante y/o racializada/etnificada en las mismas. Estas lógicas discriminatorias que están presentes en la administración pueden suponer la existencia de un racismo institucional que es necesario analizar para poder combatirlo” (p. 12).
Las personas migrantes, gitanas y racializadas carecen de presencia (cuota de representación), no sólo entre quienes les atienden en las instituciones, sino tampoco en los cargos políticos de las mismas, ni en los Ayuntamientos, en el Parlamento o en el Gobierno de Navarra, incluso en el propio Departamento de Políticas Migratorias.
Y aunque este fallo es detectado por el Plan, luego no figura ni se menciona en los ámbitos de actuación, en los objetivos y en las medidas a adoptar para paliar estas desigualdades con diferentes alternativas, que incluso podrían ser ejemplificantes, como se ha demostrado en la apuesta por las acciones positivas con colectivos desfavorecidos.
Como ya hemos comentado, todo lo relacionado con el Racismo institucional parece no existir en este Plan, incluso, aunque algunos aspectos como éste, hayan sido detectados.
2.4. PARTICIPACIÓN
“La propuesta que presentamos apuesta por… Y todo ello desde una perspectiva netamente participativa (el Plan será entre todos y todas, o no será) y…” (p. 12).
Si bien, para la elaboración del borrador del Plan se ha realizado un proceso participativo, no parece que lo más apropiado para seguir favoreciendo dicha participación, sea abrir un periodo de aportaciones de un mes, que coincide con un amplio periodo vacacional de dos semanas (la última de diciembre y la primera de enero).
Sugerimos que se amplíe el periodo de aportaciones, al menos, igual al mencionado periodo vacacional, dos semanas.
Por otro lado, y en relación con el anterior apartado, más allá del establecimiento de cuotas, entendemos que es necesario generar cambios a medio/largo plazo, a través del establecimiento de medidas para que la población pueda formar parte de espacios de toma de decisiones, desde su propia realidad, aportando sus conocimientos y cosmovisiones acerca de todos los aspectos que estructuran la organización social y política.
Nos encontramos con un sistema rígido, al que se accede en desigualdad de condiciones y en el que la participación de los colectivos y personas se hace con base en las necesidades y los ritmos de la propia Administración, cuando debería ser justo al contrario. Deberían favorecerse espacios de encuentro y fortalecer aquellos existentes, aprovechando el rico tejido asociativo existente en Navarra, enfocados a generar estructuras participativas que culminen en la toma de decisiones vinculantes para las Administraciones. Los procesos participativos actuales siguen diseñados desde un punto de vista académico de diagnóstico —incluso desconocedor de la realidad social, política, asociativa o cultural— y no de transformación de las desigualdades. Es necesario establecer canales de comunicación efectivos y vinculantes con las Instituciones.
2.5. INTERSECCIONALIDAD Y GÉNERO El Plan detecta:

“La interseccionalidad es una propuesta que busca mirar más allá del racismo, para abarcar la complejidad que encierran los sistemas de dominación en las sociedades globalizadas contemporáneas. Para ello, las teóricas de la interseccionalidad se sirven de una herramienta fundamental: la matriz de dominación. Formulada por Patricia Hill Collins (2000), esta figura geométrica se construye a partir de la intersección de las distintas categorías de opresión -el género, la raza, la clase, la sexualidad, el estatus político, etcétera-, a la manera de ejes que se interceptan. La arquitectura matricial implica que las diferentes estructuras constituyentes ya no son percibidas como independientes, sino al contrario, son considerados ejes en co-institución formando el todo indisoluble que es la matriz (Hill Collins, 2017, p. 5)”.
“La propuesta que presentamos apuesta por… Y todo ello desde una perspectiva… y feminista (la igualdad de género recorre transversalmente la propuesta)” (p. 12).
“El género es percibido como un peso añadido, que intersecciona con el origen migrante, sobre todo en el caso de las mujeres que están a cargo de hogares monomarentales” (p. 10).
El documento da una gran importancia conceptual a la interseccionalidad y, especialmente, a la de género (sistema patriarcal), pero luego en los ámbitos de actuación, en los objetivos y en las medidas a adoptar, el tema de género desaparece.
Desde esta perspectiva es necesario incluir y favorecer la interseccionalidad (Crenshaw, 1989) “como una herramienta analítica innegociable del discurso por los derechos humanos, de los derechos políticos y civiles y de las luchas en favor de los derechos de las mujeres” (Carés y Themme, 2020, p. 9). […] que tomen en cuenta las condiciones sociodemográficas en términos de etnia, raza, clase, orientación sexual, condiciones ambientales, entre otras categorías sociales, además de la extranjería y/o ciudadanía y cómo todas estas variables son construidas y están interrelacionadas (Retis, 2021, p. 5).
Así pues, en el citado Plan no figura ni una sola referencia a colectivos tan significativos como las trabajadoras del hogar y los cuidados (que el patriarcado y racismo institucional sigue manteniendo fuera del régimen general de la Seguridad Social); a las mujeres que ejercen prostitución (otro de los sectores poblacionales racializados y más desamparado, especialmente las que se encuentran en situación administrativa irregular); al problema habitacional (entre otros) que soportan las mujeres que están a cargo de hogares monomarentales (en el caso las que se encuentran en situación administrativa irregular, sin acceso al censo de vivienda pública protegida).
Así como el no reconocimiento de igualdad de derechos a las familias transnacionales, cabe destacar que en la actualidad no existe un reconocimiento formal a los procesos de reagrupación familiar (permisos retribuidos, procesos de integración en el sistema escolar del nuevo alumnado, etc), ni se reconocen las cargas familiares de aquellas personas que dependen económicamente de sus familiares, pero no computan de ninguna manera.
Respecto de las mujeres víctimas de violencia machista, a pesar de que en Navarra el reconocimiento es más amplio, incluyendo los supuestos en los que no haya relación con el agresor, este punto no garantiza el acceso a la regularidad, ya que la normativa estatal no las reconoce como víctimas, tanto que si se encuentran en situación administrativa irregular no pueden acceder a todos los servicios y prestaciones a los que tendrían que tener acceso en Navarra, por ejemplo, a una vivienda pública.
Por último y no por ello menos importante, se echa en falta una redacción con un lenguaje inclusivo, porque si se afirma que este Plan tiene perspectiva de género, entonces en este caso, se debería haber hecho el esfuerzo por no escribir en masculino. Las palabras importan por su significado y trascendencia.

No es suficiente con decir que el Plan será interseccional y con visión de género, hay que establecer las medidas para que ello sea efectivo y el Plan no lo hace. Una carencia muy importante.
2.6. ACOMPAÑAMIENTO
Otro tema que vemos que se repite en el Plan de Lucha Contra El Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026 es la necesidad de reforzar las medidas de acompañamiento de las víctimas (AI1, AI4, AI5).
Desde SOS Racismo Navarra hacemos un trabajo de acompañamiento a las personas que así lo prefieran o la situación que así lo requiere, muchas veces por falta de accesibilidad a los servicios públicos. Como hemos analizado en nuestro Informe Anual 2020, las medidas de acompañamiento no solucionan la raíz del problema sino agrava la dependencia de la población racializada y migrada a las entidades sociales. Un resultado de esto es provocar actitudes de trato desigual entre el público usuario de un servicio por el factor de estar acompañado o no. Pero lo más perverso, es que los procesos de acompañamiento alimentan la perspectiva colonial vigente donde se infantiliza a la población racializada y migrada “necesitada de ayuda”.
Si existiera un tratamiento digno y conocedor del tema por parte del personal funcionario, así como servicio de traducción, se facilitarían muchos trámites burocráticos.
De ninguna manera vemos que se puede dejar de hacer el trabajo de acompañamiento en el sistema actual que vivimos, pero consideramos que este trabajo no puede ser uno de objetivos principales del Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026. El poder público tiene y debe tener la responsabilidad de garantizar la accesibilidad de servicios públicos con cambios estructurales que se integren en su funcionamiento diario, con medidas inclusivas y protocolos de atención igualitario a toda la población teniendo en cuenta las condiciones específicas de diferentes sectores de población.

  1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL PLAN: CONTENIDOS SECTORIALES O TRANSVERSALES
    3.1. OBJETIVO GENERAL (apartado 2.1, pág. 12)
    El Plan propone:
    “El objetivo es acabar con cualquier manifestación de racismo y xenofobia, sustituyendo el odio o la discriminación hacia la persona por una actitud general de respeto y promoción de valores interculturales” (p. 12).
    “El objetivo último es que el Plan no sea solo un conjunto organizado de herramientas para luchar contra el racismo y la xenofobia, que también, sino que además ponga las bases para una estrategia convivencial fundamentada en la tolerancia a la diversidad para la sociedad navarra, que sea sostenible en el tiempo” (p. 12).
    Si un Gobierno tiene como objetivo acabar con cualquier manifestación de racismo y xenofobia, deberá adoptar las medidas necesarias y poner los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para que ello sea posible. El sustituir odio y discriminación por “respeto” será la consecuencia de ello, no la medida a adoptar.
    El objetivo del Plan debería ser, fundamentalmente, dotarse de “un conjunto organizado de herramientas para luchar contra el racismo y la xenofobia” (medidas y recursos). Es claro que ello tendría que contar con una estrategia convivencial, pero para crear las bases de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, no para que unas personas sean toleradas por otras.

Ese “no sea solo un conjunto organizado de herramientas”, citado en el apartado Objetivo general, efectivamente admite que el documento contiene pocas “herramientas”. Ese “sino que además, ponga las bases para una estrategia convivencial fundamentada en la tolerancia” (p. 12) también marca el documento, ya que la mayor parte de las medidas propuestas está enfocada a combatir prejuicios y estereotipos (actitudes personales/sociales), más que a lograr la transformación de la estructura racista de nuestra sociedad. No podremos transformar el racismo social sin combatir el racismo estructural. La comprensión individual de las culturas no erradica el racismo, porque el racismo no son solo malentendidos culturales, cualquier intención de reducirlo y simplificarlo, contribuye al mantenimiento de una estructura racista. En todo caso, nos preocupa que este Plan tenga un marcado acento de relativismo cultural. Las personas no se representan por culturas o colores. Las culturas no son complejos estancados e inmovilistas, todo lo contrario, son procesos vivos. El colorismo puede representar ciertas formas de racismo, que precisamente no se reciclan, sino se eliminan.
Un gobierno tiene que combatir el racismo con medidas legales y con recursos que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos (mermados derechos) que tienen las personas migrantes, gitanas y racializadas, no con interculturalidad y mucho menos con “tolerancia”.
También cita el documento:
“Se pretende lograr un espacio de trabajo coordinado entre sociedad civil (comunidades racializadas y no racializadas), tercer sector y el conjunto de las administraciones… una mejor y más intensa coordinación… y una mayor flexibilidad en su concepción e implementación” (Capítulo 2, p. 12).
Esa coordinación y esa flexibilidad las valoramos, más que como un objetivo, como un proceso que habrá que construir, si es posible. Desde la autonomía de las organizaciones sociales frente al Gobierno, cada uno en su papel (institucional o social) y sus funciones, aceptando los altibajos que se producirán, especialmente por las denuncias relacionadas con el racismo institucional.
3.2. ACCIÓN INSTITUCIONAL
Reconocemos la importancia de que la administración pública se considere como un ámbito de intervención transversal para el Plan, sin embargo, cuando observamos el objetivo general (AI1) vemos que se habla de “capacitación y promoción en los empleados y empleadas públicas”, “erradicar las actitudes y el lenguaje discriminatorio” e “invertir un mayor esfuerzo en el acompañamiento” a la población en exclusión social.
Desde SOS Racismo Navarra sin duda vemos que la falta de información sobre la Ley de Extranjería y la falta de sensibilización para romper con las actitudes xenófobas por parte del funcionariado público es un problema real en Navarra. Se requiere un trabajo específico de formación para este sector, sin embargo, no es suficiente. Vemos este Plan como una oportunidad perdida, puesto que el compromiso del Gobierno de Navarra como poder público y mayor responsable del racismo institucionalizado, se queda solo en el nivel de trabajar con actitudes de sus trabajadoras y trabajadores.
Consideramos que el objetivo general del ámbito de intervención con administración pública (AI1) en la lucha contra el racismo debe requerir cambios profundos en el sistema de dominación y normativas reales de transformación, especialmente si se sustenta desde un marco decolonial.
El Gobierno de Navarra, como poder público, es el responsable principal para realizar cambios en las leyes, normativas, instrucciones, etc., que garanticen una igualdad efectiva de derechos. Hay ejemplos que reflejan las competencias de las administraciones forales y municipales que han realizado

cambios normativos para ampliar los derechos, como vemos en la Ley Foral en reconocimiento de víctimas de violencia de género, más amplio que la Ley Estatal.
3.3. DELITOS, INCIDENTES Y DISCURSO DE ODIO
El documento detecta:
“…una demanda colectiva de mayor formación, sensibilización, y mejora en el tratamiento y atención a las víctimas”; “mayor coordinación… entre todas las instituciones implicadas” (AI2, p. 14).
El documento propone:
“monitorear actitudes y discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación”; “acciones de formación y sensibilización con los medios de comunicación”; diseño de un libro de estilo para los medios de comunicación” (AI2; OE52).
El documento no detecta la necesidad de introducir cambios estructurales en el sistema judicial y en el modelo policial para superar las barreras en la interposición de denuncias y/o para que éstas prosperen. Observamos la inexistencia de unidades de delito de odio dentro de la Policía Foral y de las Policías Locales de Navarra; la necesidad de capacitación (no de sensibilización) de las personas que recogen la denuncia (una de las mayores trabas para que estas denuncias prosperen es que no se recogen de manera adecuada); la necesidad de crear un organismo multidisciplinar que monitoree el discurso de odio, (no sólo policial) allí donde se produzca, incluidas las redes sociales. Obviamente, tampoco propone medidas para atajar estas carencias o problemas.
Tenemos que destacar el Proyecto CLARA, que actualmente está desarrollando la Policía Municipal de Pamplona, como una excepción en el intento de crear una estructura administrativa que persiga eficazmente los delitos e incidentes de odio. Recordemos que esta estructura de la que formamos parte activa, se encuentra en sus inicios, por lo que no podemos valorar aún su funcionamiento y repercusión.
Todas las medidas que se proponen en este Plan resultan insuficientes, existen organizaciones sociales que ya monitorean actitudes y discursos de odio. Se realizan acciones formativas con los medios de comunicación y desde hace más de 10 años existen libros de estilo y códigos deontológicos periodísticos. No están demás dichas implementaciones que no son novedosas, por otro lado.
Se requieren normativas, incorporarlas a la agenda pública y establecer canales de comunicación con las organizaciones civiles y comunidades de personas racializadas y migrantes. Mejorar el marco legal contra los discursos y delitos de odio. Fomentar la representación de personas migrantes y racializadas en las instituciones públicas, así como potenciar un concepto de ciudadanía más amplia basada en la diversidad y la residencia.
Vemos que se repite esta mirada limitada con respecto a actitudes personales en ámbitos de intervención. En la lucha contra el discurso de odio y prevención de racismo institucional se vuelve nombrar “formación y sensibilización” y “mayor coordinación entre las instituciones implicadas” (AI2) para luchar contra la infradenuncia, nuevamente, sin entrar al arduo trabajo de cambios de estructurales en el sistema judicial y policial, que es la barrera principal en esta materia. Cabe destacar que tal y como recoge el Defensor del Pueblo Estatal “
2 Objetivo Específico presentado en el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026
(…) recibe incesantes quejas de ciudadanos extranjeros que
acuden a denunciar haber sido víctimas de delito y salen de las dependencias policiales con un
expediente sancionador de la Ley de extranjería por situación documental”

(https://www.defensordelpueblo.es/noticias/extranjeros-situacion-irregular-victimas-delitos/). Este
hecho constata la vulneración del estatuto de la víctima, por lo que resulta urgente establecer medidas
para blindarlo y asegurar espacios seguros de denuncia.
3.4. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
El Plan diagnostica:
“Por otro lado, sale a la luz la escasa protección y financiación inestable por parte de la administración de los proyectos realizados por las entidades y el tejido social, las entidades sociales y organizaciones comunitarias dependen en su mayoría de una financiación inestable y escasa que producen una gran incertidumbre en la viabilidad y continuidad de los propios proyectos. Por lo que se vive desde la dualidad de ser imprescindible para la administración y a la vez desprotegida por ésta” (p. 12).
El Plan propone:
“El objetivo de este ámbito es fortalecer la coordinación y comunicación con las entidades sociales y la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la xenofobia, entendiendo que son alianzas estratégicas claves para impulsar el trabajo en red” (AI3, p. 14).
Las entidades y organizaciones sociales seguimos a la espera de una mayor coordinación con la Administración y, también, de una certidumbre en la viabilidad y continuidad de los proyectos, ya que somos “imprescindibles para la Administración, a la vez que desprotegida por ésta”.
Frente a ello, la única medida que contempla el Plan es la “Continuación de los programas subvencionados a las entidades del tercer sector, sindicatos y organizaciones que llevan a cabo labores de acompañamiento y asesoría de víctimas (OE11, p.23).
Es decir, el Plan propone una medida ya existente que, además, el propio diagnóstico cita como generadora del problema que se quiere evitar: la incertidumbre en la viabilidad y continuidad de los proyectos.
3.5. COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PARA LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA
En los Ámbitos de intervención sectoriales como vivienda, empleo y educación (AI4, AI5, AI6) el objetivo general no plantea las competencias forales para asegurar leyes y normativas que luchan contra la especulación en materia de vivienda, explotación en el empleo y segregación étnica en el sistema educativo que se presentan sistemáticamente reproduciendo los focos del racismo.
Nos falta ver en este Plan una mirada estructural que se traduzca en la búsqueda de medidas para hacer una inspección laboral efectiva, esto es, la regularización de precios de alquileres o creación de parques de viviendas protegidas; la adopción de medidas efectivas para evitar la segregación racial en el sistema educativo, tanto público como privado, o generar espacios educativos de convivencia, entre otras medidas.
3.6. VIVIENDA
Principales resultados del diagnóstico participativo.
“Los principales espacios de discriminación están relacionados con el acceso a la vivienda y el trabajo. En el primero de los casos, los requisitos que impone el mercado del alquiler (contrato de

trabajo fijo, aval bancario, etc.), limitan a la población inmigrante, que también sufre de prejuicios y etiquetas que hace que propietarios/as y agentes inmobiliarios desconfíen” (p. 8).
El acceso a la vivienda se ha convertido en una problemática endémica, mucho más complicada para ciertos sectores de la población, entre ellos la población migrada, racializada y gitana.
En el ámbito de intervención:“Vivienda. Identificar y denunciar actitudes y prácticas racistas, xenófobas y de discriminación interseccional en el acceso a la vivienda. Favorecer prácticas tolerantes y apoyar a los grupos especialmente afectados por la discriminación en la búsqueda de vivienda” (A14).
Desde SOS Racismo Nafarroa hemos denunciado las prácticas racistas que se dan desde el ámbito institucional o por ciertas inmobiliarias. En ese sentido el trabajo de la Plataforma de las Personas Afectadas por la Hipoteca ha venido desarrollando una serie de demandas y medidas concretas.
Creemos que se comete un craso error en focalizar, identificar y denunciar porque se sabe de sobra cuáles son las problemáticas reales. Desde la Administración pública se tiene que proponer medidas concretas, no que favorezcan prácticas “tolerantes” sino que propongan soluciones específicas avaladas por políticas públicas concretas de obligado cumplimiento para la propia Administración y la ciudadanía.
“Diseño de protocolo de actuación y denuncia frente a hechos de discriminación racial o xenofobia en el ámbito de vivienda” (A43, p. 22).
Desde hace 30 años SOS Racismo Navarra viene desarrollando protocolos de actuación y denuncia en el ámbito de la vivienda, que hemos trasladado a la administración pública, como en el último año al Departamento de Políticas migratorias, al Parlamento navarro o al Defensor del Pueblo, sin una respuesta que solucione o proponga alternativas a las denuncias que hemos presentado para paliar, en parte, esta problemática estructural.
Por tal motivo, como se recoge en nuestro Informe Anual 2020 proponemos diferentes medidas que se deberían favorecer si realmente se quiere incidir de manera directa.
➢ Garantizar el acceso al derecho y deber de empadronamiento en el lugar de residencia efectiva de los/as solicitantes. Utilizar vías alternativas que existen para facilitar el empadronamiento en la legislación verificando dónde viven las personas con informes de el/la trabajador/a social. Es importante que los ayuntamientos y servicios sociales puedan trabajar conjuntamente para ofrecer alternativas a las personas que no pueden acceder al padrón y por ello pierden el acceso a muchos derechos (Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4784)
➢ Una política de parque de vivienda pública, vivienda protegida, promoción de ayudas de alquiler y facilitar el acceso a estos programas.
➢ Creación de recursos y ayudas de emergencia para personas sin vivienda sin requisitos de antigüedad ni empadronamiento.
➢ Ante el agravamiento de la situación como consecuencia del COVID-19, planteamos la necesidad de mantener los recursos residenciales habilitados durante el Estado de Alarma con la creación de una normativa que permita su reactivación urgente en caso de que vuelvan a darse circunstancias de urgencia y necesidad similares.

➢ Respecto a los programas EMANZIPA y DAVID: establecer mecanismos oportunos para garantizar y facilitar el acceso de todas las personas que necesiten estos programas, con independencia de su edad, situación administrativa, tiempo de empadronamiento o de inscripción en el censo, precio de vivienda de alquiler.
➢ Adaptación de la normativa de vivienda a la realidad socioeconómica y jurídica de las familias, asegurando la no discriminación y la igualdad de condiciones de acceso de todas las personas. Eliminación de barreras administrativas/digitales.
➢ Poner mecanismos de control contra discriminaciones racistas en el mercado de vivienda. Vigilar las acciones de inmobiliarias y privados que pueden tener discursos racistas y de odio. Establecer mecanismos de sanción a las agencias inmobiliarias que apliquen criterios discriminatorios en función del género, edad, etnia u origen de los/as posibles inquilinos/as, o que establezcan requisitos inalcanzables para el acceso de vivienda en alquiler.
➢ Regularizar el precio de los alquileres en el mercado de vivienda en Navarra. No permitir la especulación con los precios por los fondos Buitres.
➢ Elaborar con carácter de urgencia el Registro de Vivienda vacía, de conformidad con lo establecido en la Ley Foral 24/2013. Reforzar, mejorar y ampliar la Bolsa de Alquiler. Regular el precio del alquiler. Restringir la implantación de pisos turísticos.
➢ Aprobación y exigencia del Impuesto a la vivienda vacía en la totalidad de Ayuntamientos navarros.
➢ Establecer recursos para ayudar en la búsqueda de vivienda a las personas que lo necesitan.
➢ Dotar de más recursos habitacionales para personas sin hogar sin límites de tiempos ni requisitos de acceso, acompañado con un programa de acompañamiento para la inserción de
estas personas.
➢ Prohibición de cualquier desahucio en el que no se garantice alternativa habitacional.
➢ Incrementar la cesión de viviendas para primera acogida de personas refugiadas y solicitantes
de asilo, así como de personas en situación de vulnerabilidad.
3.7. EMPLEO
El Plan diagnóstica:
“La dificultad de homologar los estudios, la falta de experiencia laboral en España, para las personas recién llegadas, así como la “desconfianza” hacia los países de origen, por parte de la población autóctona, son barreras para la búsqueda de empleo, a lo cual se añade la falta de capital social (relaciones con la población autóctona). Todo ello también entorpece la movilidad social para las personas más cualificadas a sectores laborales fuera de los yacimientos reservados a la población inmigrante” (p. 10).
“A la hora de distinguir situaciones de discriminación, desde la administración se apunta a dos ámbitos clave: la vivienda y el empleo. También es importante la desprotección a la que quedan sometidas las personas en situación administrativa irregular, estas dos problemáticas, casa y trabajo, destacan por su importancia crucial en la prevención de las situaciones de exclusión social” (p. 11).
El Plan propone:
“Empleo. Identificar y denunciar actitudes y prácticas racistas, xenófobas y de discriminación interseccional en el empleo. Favorecer actitudes tolerantes y prácticas de respeto a la diversidad y la interculturalidad en el mercado de trabajo” (A15, p. 13).

En cuanto al empleo, el Plan no cumple las expectativas a un problema largamente identificado por organizaciones sociales, investigaciones o la denuncia de sindicatos. Se propone un cambio estructural por la defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora, mejorar las condiciones laborales para todos los sectores y reconocer la importancia de sectores esenciales: los cuidados y la agricultura, como se ha puesto de evidencia en el Estado de Alarma. Solo así se podrá favorecer una verdadera inclusión social de la población migrada y racializada en el acceso laboral en igualdad de condiciones.
Para facilitar la movilidad social desde la administración pública se debería impulsar, como en otros países, políticas de acción positiva: el desarrollo de prácticas apropiadas para la incorporación en el empleo público de la población migrada y racializada, facilitando clases gratuitas o de bajo coste en euskera que permitiría dicha movilidad ascendente, por ejemplo.
Nuestro Informe Anual 2020 de SOS Racismo Navarra recoge estas propuestas para luchar contra racismo en el ámbito laboral:
● Un cambio estructural por la defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora, mejorar las condiciones laborales para todos los sectores y reconocer la importancia de sectores esenciales como los cuidados y la agricultura.
● Tomar medidas contra la explotación laboral, vigilar las empresas por cumplimiento de convenios; vigilancia del fraude en la contratación; hacer más accesible y ágil el uso de la inspección de trabajo.
● Regularización sin condiciones de todas las personas para acabar con la explotación laboral de las personas en situación administrativa irregular.
● El fin del régimen especial para las trabajadoras de hogar. Garantizar el acceso de derechos laborales con igualdad de condiciones con otros sectores. Ampliar la protección para los y las trabajadoras del sector.
● En el empleo de hogar, hay que empezar por regularizar a las trabajadoras en situación administrativa irregular, de manera que el control de la Inspección de Trabajo no se limite a las cotizaciones del año 2021 sino llegue a los anteriores, que alcance también a las trabajadoras a tiempo parcial y sea el comienzo del reconocimiento de todos los derechos para el sector.
● Acabar con la eventualidad de los contratos. Defender los derechos y las condiciones laborales es una mejora para los sectores desfavorecidos.
● Poner medidas y recursos necesarios para la conciliación familiar entre vida laboral y la privada, especialmente en el caso de familias monoparentales.
● Garantizar los derechos laborales de todas las personas y promover formaciones sobre los derechos y deberes de las personas trabajadoras. Garantizar la libertad de actividad sindical de todos los sectores.
● Apostar por proyectos de inserción sociolaboral como una metodología eficaz en la lucha contra la exclusión social y facilitar el acceso a estos programas a las personas migradas sin requisitos de permisos de residencia u homologación de títulos. Garantía de aplicación del convenio de la actividad que se desarrolla en los centros y programas de inserción laboral.
● Publicaciones de derechos básicos y de los convenios colectivos en distintos idiomas atendiendo a la diversidad de origen.
● Garantizar que, en todos los estudios referidos al ámbito laboral, y especialmente en el ámbito de la salud laboral, se tenga en cuenta la variable origen.
● Impulso de iniciativas dirigidas a organizaciones empresariales y sindicales para que las necesidades específicas de las personas migradas sean tenidas en cuenta en el ámbito laboral.
3.8. EDUCACIÓN

El Plan identifica:
“La población escolar en desventaja y con dificultades escolares y académicas está
sobrerrepresentada por población migrante y por la comunidad gitana” (p. 15).
El Plan propone:
“Elaborar protocolos contra la discriminación, … la inclusión de la lucha contra el racismo y la xenofobia en los proyectos educativos y el currículum formativo… trabajar coordinadamente y en red entre toda la comunidad educativa”; “elaboración de materiales gráficos informativos y de sensibilización”; “desarrollo de una metodología para la identificación y monitoreo de actitudes, incidentes y agresiones racistas o xenófobas e interseccionales”, “diseño de protocolo de actuación y denuncia frente a hechos de discriminación”; “crear Escuelas contra el racismo…. Secciones y Aulas de Convivencia y No Discriminación”; “redacción de un Reglamento de Convivencia y No Discriminación” (AI6, OE3, OE6).
El Plan no detecta ni menciona un problema estructural existente, como es la segregación racial en el sistema educativo de Navarra; que se da, tanto entre escuelas privadas y públicas, como entre los propios centros de la red pública (entendemos segregación racial la que se da, tanto por sobrerrepresentación de población racializada, como por sobrerrepresentación de población no- racializada).
La realidad es que el alumnado navarro está siendo educado en centros segregados racialmente y ello está provocando que, con frecuencia, no funcione el “ascensor social” que representa la escuela. Este tema no es mencionado en el documento. Por su gravedad, no se soluciona creando “aulas de NO discriminación” en centros segregados o con materiales de sensibilización, sino con la acción del Gobierno, adoptando las medidas necesarias (legislativas o de otra índole), para erradicar la segregación racial escolar en Navarra.
El Plan propone el “diseño de protocolo de actuación y denuncia frente a hechos de discriminación racial o xenofobia en el ámbito educativo” (EO9), medida que consideramos imprescindible, pero que tendrá que partir de un profundo y decolonial análisis del bulling/acoso racial que se da en el ámbito escolar, hoy invisibilizado. Lo remarcamos, porque el Plan no hace referencia a las resistencias que se dan (dentro del propio ámbito educativo) para la identificación del acoso racial en el aula (y en el patio).
En el informe Anual 2020 proponemos las siguientes medidas para el ámbito educativo:
❖ Facilitar la entrada al sistema educativo sin requisitos de residencia o empadronamiento.
❖ Facilitar la formación para personas en situación irregular. Acceso a las escuelas talleres con
prácticas en las empresas.
❖ Posibilitar la educación post obligatoria para personas en situación irregular.
❖ Facilitar la homologación de los títulos, poner soluciones alternativas como exámenes forales
para convalidar los títulos o programas educativos para las personas que tengan experiencia
laboral, etc.
❖ Facilitar la homologación de carnet de conducir con unas pruebas económicamente más
accesibles.
❖ Poner recursos de apoyo en las escuelas tanto primarias como secundarias y post obligatorias
para aprendizaje lingüístico. No limitar la solicitud de estos recursos de apoyo en unas fechas
cerradas.
❖ Ofrecer cursos de aprendizaje de castellano y euskera para personas recién llegadas a Navarra.
Adaptar el funcionamiento de estos cursos como los tiempos de matriculación, los foros, modelos, horarios etc. a la demanda que hay en la sociedad.

❖ Apostar por fortalecer los centros comunitarios de barrios que ofrecen un espacio accesible y gratuito para las familias con pocos recursos y un espacio de encuentro para interrelación en el barrio.
❖ Aumentar el tejido social y asociativo en los barrios para desarrollar redes de apoyo y proyectos de integración para la población migrada y racializada.
❖ Competir con la brecha digital ofreciendo herramientas, recursos y formaciones a las personas necesitadas, así como un acceso presencial permanente a los recursos, servicios o cualquier oficina de instituciones.
3.9. SALUD
En este apartado queremos recordar lo mencionado en nuestro Informe Anual de 2020, donde ante las irregularidades detectadas, proponemos una serie de medidas que, entendemos, son imprescindibles para garantizar el acceso y mantenimiento del derecho a una Sanidad Universal, tal y como recoge el Plan en los ámbitos de Intervención:
(…) Asegurar un acceso y una atención sanitaria sin discriminación. Revisar la responsabilidad e impacto de las políticas sanitarias en las vidas de las personas racializadas/etnificadas (AI7, p. 13).
Desde SOS Racismo Nafarroa (Informe Anual 2020) proponemos:
★ Cese de la práctica del requisito de tener el empadronamiento como única vía de acreditar la residencia en Navarra para acceder al sistema sanitario.
★ Aceptar otros tipos de documentos para identificación de las personas en caso de que no se pueda aportar un DNI, NIE o pasaporte.
★ Tramitar de manera urgente la normativa (vía Decreto Foral) necesaria para garantizar el acceso al Sistema Sanitario de todas las personas presentes en este momento en Navarra, residan o no aquí de manera habitual, con instrucciones comunes a todos los centros de salud y hospitales; que se publiquen y a las que tenga acceso toda la ciudadanía.
★ Inclusión de todas las personas presentes en Navarra que requieran de asistencia médica en la base de datos, con asignación de CIPNA y de médica/o en Atención Primaria.
★ Suspender la facturación en Servicios de Urgencias y red de Atención Primaria. Anulación de facturas emitidas a personas hasta ahora.
★ Cese de la aplicación del criterio basado en la Sentencia del TS que afecta a las personas mayores de 65 años reagrupadas o que venían a cargo de un familiar, por el que no se les concedían TIS y se estaba procediendo a la retirada de las ya concedidas.
★ El uso del servicio de interpretación en todas las atenciones que lo requieren en el sistema de salud de Navarra. Anunciar la existencia de este servicio en sitios visibles en los centros de salud y hospitales para las/los pacientes e informar las/los trabajadores de salud y administrativos de los mismos. Crear protocolos de actuación con buenas prácticas en la atención de personas migradas y racializadas, como utilizar la mediación intercultural o traducciones.
★ Priorizar la atención presencial en los centros de atención primaria. 3.10. OCIO Y TIEMPO LIBRE

Entendemos que es función y responsabilidad institucional garantizar el acceso en igualdad de condiciones al diseño y participación en los servicios y espacios de ocio y tiempo libre y a los espacios de toma de decisiones en los que se diseñen los modelos de fiestas y celebraciones
Por otro lado, es necesario establecer medidas y protocolos antidiscriminación en el acceso a locales de ocio y comercios, lo cual pasa por revisar la normativa vigente en materia de Derecho de Admisión, ya que se siguen constatando, por ejemplo, la denegación de acceso a locales de ocio a personas racializadas, por el hecho de serlo, o la aplicación de tarifas de uso de locales o cursos no adaptadas a la condición administrativa y/o socioeconómica de las personas usuarias.
Por último, es necesario reforzar el apoyo técnico y económico a las asociaciones culturales que ya existen, para que puedan desarrollar las actividades que propongan, adaptando la normativa a la realidad social de las diversas asociaciones (modificación de plazos de resolución, justificación y pago de subvenciones/ayudas)
3.11. OTROS SECTORES, OTROS ÁMBITOS TRANSVERSALES NO CITADOS POR EL PLAN
Son muchos los apartados que faltan en este listado del borrador del Plan, que imposibilitan la detección de las discriminaciones que en ellos se generan y las medidas a adoptar para erradicarlas, por mencionar tres fundamentales:
3.11.1. SERVICIOS/POLÍTICAS SOCIALES
El Plan detecta el recorte de prestaciones y derechos que este servicio del propio Gobierno de Navarra ha llevado a cabo con los menores extranjeros acogidos al sistema de protección social.
En este apartado queremos recordar lo ya señalado en nuestro Informe Anual de 2020, donde ante las irregularidades detectadas, proponemos una serie de medidas que entendemos son imprescindibles, entre las cuales se recogían las siguientes:
● Tramitar de manera urgente la normativa (Decreto Foral) necesaria para establecer protocolos de atención y tramitación (vía urgente) comunes a todas las unidades de barrio y a todos los servicios sociales de base con instrucciones claras, que se publiquen y a la que tenga acceso toda la ciudadanía.
● Dar atención a todas las personas que viven en la localidad de los servicios sociales sin el requisito de empadronamiento. También activar vías de empadronamiento para estas personas que tienen dificultad de acceso al deber y derecho de estar empadronados donde viven. Activar protocolos de empadronamiento en unidades de barrio o servicios sociales para los casos que requieren una solución urgente.
● Garantizar el cobro de una prestación garantizada (RG) para todas aquellas personas y familias que lo requieran por encontrarse sin ingresos o con ingresos inferiores a la cuantía de la prestación, sin tener en consideración el cumplimiento de los demás requisitos, pudiéndose aplicar la propia normativa (art. 19 del DF 26/2018 Supuestos de acceso excepcional a Renta
Activar vías de urgencia que garanticen el cobro inmediato de la prestación, habilitando cuentas bancarias para aquellas personas que no tengan posibilidad de abrir una cuenta. Adicionalmente, habilitar ayudas del pago de alquiler/hipoteca para aquellas personas que no puedan acogerse a las moratorias del pago, si las hubiese, y cuyo
pago suponga más del 30% de los ingresos.
● Activar ayudas de emergencia necesarias para cubrir los periodos de espera al cobro de la RG
o cualquier otra circunstancia que dé origen al cobro de ésta.
Garantizada por exclusión social grave).

● Establecer la renovación automática de todas las Rentas Garantizadas, la paralización de expedientes sancionadores y de los cortes/suspensiones de la prestación (reanudándose de manera automática y urgente la prestación).
● Facilitación de apertura de cuentas bancarias para las personas que los bancos les rechazan este derecho. También ofrecer otras soluciones alternativas desde servicios sociales para el cobro de las prestaciones económicas a estas personas, como: activar cuentas propias de unidades de barrio, de ayuntamiento o de departamento de derechos sociales.
● Poner en marcha recursos/espacios a los que puedan acudir personas dependientes (menores y mayores en situación de dependencia) en situaciones que sea necesario y siempre como una opción a disposición de las familias: cuando la persona cuidadora tenga que acudir a lugares en los que no se establezcan medidas de cuidado de ellas (puesto de trabajo, citas médicas, situación de hospitalización, situación de hacinamiento prolongado, etc.).
● Poner en marcha programas de acompañamiento para las/los jóvenes migrantes no acompañados. Apostar por las prestaciones de autonomía, tanto económicas como de formación e inserción laboral.
● Trabajo coordinado entre las entidades que gestionan el acompañamiento de menores no acompañados con servicios sociales para que, cuando cumplen la mayoría de edad, tengan acceso a prestaciones sociales. Garantizar y agilizar el acceso a los permisos de residencia y/o petición de pasaportes de los consulados antes de que salgan del programa de acogida.
● Habilitar vías de acceso a los servicios sociales/unidades de barrio más ágiles que puedan evitar de manera efectiva la saturación en el acceso, por ejemplo, tener varias líneas de atención y mantener siempre la vía presencial como una opción para solicitar una cita.
● Hacer uso de servicios de interpretación y traducción en las atenciones, tanto por las administrativas como los/las trabajadores/as sociales para las personas que lo necesitan. Hacer una buena publicidad de la existencia de este servicio para las/los trabajadores/as de servicios sociales y para la población migrada en general. Generar protocolos de actuación de buenas prácticas en la atención a las personas que tengan dificultad lingüística.
● Integrar la figura de mediador/a cultural en la plantilla de unidades de barrio y servicios sociales y hacer el uso de ello en las atenciones con las personas que lo necesiten. Trabajar conjuntamente y activar vías de comunicación estable con entidades que ejercen como mediadores con las comunidades migradas y racializadas. Especialmente en los tiempos de confinamiento fortalecer la práctica de mediación cultural porque es más necesaria que nunca.
● Priorizar la atención presencial para las personas que tienen dificultad lingüística e informática/digital en la comunicación o así lo prefieran, con e l fin de garantizar una buena calidad de atención en los servicios sociales y unidades de barrio.
3.11.2. POLICÍA
El Plan detecta:
“Buena parte de las barreras con las que se encuentra la inmigración derivan del racismo institucionalizado, el que se encuentra al entrar en contacto con las administraciones públicas, el derivado de las propias normativas, del trato en las fronteras, los encuentros con la policía” (p. 10).
A pesar de que el diagnóstico detecta “los encuentros con la policía” como una de las principales barreras con las que se encuentra la población migrante (añadiríamos a la población gitana y racializada), este aspecto no aparece en los Ámbitos de intervención del Plan.
Efectivamente, el encuentro con la policía y la acción policial, en general, es uno de los apartados del racismo institucional que más quejas genera en la Oficina de Denuncias de SOS Racismo Nafarroa.

En el informe Anual 2020 señalamos que 18,17% de las denuncias han sido relacionadas con las actuaciones policiales.
Si se pretende luchar contra el racismo y la xenofobia, es imprescindible la adopción de medidas para el control de la acción policial, a fin de garantizar que las mismas sean acordes y respetuosas con los derechos humanos y la dignidad de las personas, en este caso, migrantes, gitanas y personas racializadas. El Plan debería recoger medidas como: implantación de boletines de identificación; colocación de cámaras en los espacios en que se encuentren personas privadas de libertad o retenidas; grabación de las intervenciones policiales; implementar el protocolo de Estambul en Navarra (en el medio policial, judicial, médico/forense); protocolos para una investigación veraz e independiente de casos de abusos o torturas policiales, entre otras. Todas ellas avaladas por la ONU y organizaciones de derechos humanos.
Por último, resulta imprescindible la adopción de medidas verificables para garantizar el fin de las identificaciones policiales por perfil étnico y de las citaciones ante la Brigada de Extranjería (“Citas trampa”) llevadas a cabo por los cuerpos policiales dependientes de las entidades locales y del Gobierno de Navarra, así como garantizar el cumplimiento del estatuto de la víctima, que se puede ver vulnerado en los casos en que las personas denunciantes de un posible delito ante agentes de Policía, se encuentren en situación administrativa irregular y puedan ser sujeto de incoación o ejecución de expedientes de expulsión o comunicaciones de salida obligatoria, como consecuencia de las citaciones ante la Brigada de Extranjería citadas anteriormente.
3.11.3. MITIGAR LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA
La Ley de Extranjería es la máxima expresión del Racismo Institucional, se concibe como una ley discriminatoria, racista y xenófoba y en Navarra hay un amplio consenso sobre ello, recordemos, por ejemplo, que el propio Parlamento pidió el cierre de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros). Es una ley estatal, por lo que su derogación o modificación no es competencia del Gobierno/Parlamento de Navarra, pero también es cierto que Navarra cuenta con amplias competencias que pueden paliar los efectos de la aplicación de la Ley de Extranjería que, en algunas ocasiones, se han utilizado; recordemos el caso de la ley navarra de Salud que se promulgó frente a la exclusión sanitaria que imponían las leyes estatales.
Es cierto que ni el Gobierno ni el Parlamento de Navarra se han pronunciado en este sentido, pero un Plan de lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación debería plantear la adopción de medidas que mitiguen los efectos de la aplicación de la Ley de Extranjería, como podrían ser: no colaboración de las administraciones navarras en prácticas ilegales (como las “citas trampa”); protección a personas que han sufrido violencia de género (en los supuestos en que protección está excluida por la Ley de Extranjería) o violencia policial; apoyo psicológico y legal a las personas que han sido temporalmente internadas en un CIE; no colaboración de las policías de Navarra en identificaciones y redadas racistas (declaradas ilegales por la ONU, Caso Rosalynd Williams, año 2009); brindar apoyo legal en caso de amenaza de expulsión; reconocimiento del derecho a Verdad, Justicia y Reparación de personas extranjeras que hayan sufrido violencia por parte del personal y funcionariado público o del Estado; revisión de la normativa foral vigente que impide el acceso a derechos y servicios a personas en situación administrativa irregular; inclusión de personas que cumplan requisitos para regularizar su situación a través del empleo social protegido, etc., entre otras muchas más medidas.
Nada de ello queda recogido en el Plan presentado.

3.12. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Observamos que los objetivos específicos del Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026 falta un compromiso real por parte del Gobierno de Navarra para realizar cambios estructurales que señalan directamente a la raíz del racismo como una problemática estructural e institucional. De nuevo vemos que se hace énfasis en las formaciones, estudios, elaboración de materiales, campañas de sensibilización. De hecho, para la prevención de racismo en OE2, OE3, OE5 y OE6 como indicadores, encontramos el número de cursos impartidos y guías publicadas, mientras en OE1 para mejorar la coordinación entre los agentes implicados, vemos el número de reuniones y acuerdos alcanzados, sin nombrar si estos acuerdos son vinculantes o no. Nos desilusiona ver la falta de medidas específicas y competencias de Departamentos forales en dicho material para avanzar hacia una lucha real contra el racismo. Nos preocupa vislumbrar que en el 2026 no se habrá puesto en marcha un marco normativo más igualitario y justo en todos los ámbitos como la vivienda, educación, salud, empleo, cultura y ocio o seguridad.
Por otro lado, como factores de protección, dentro de OE8 en A38 se propone la creación de una Oficina pública de Atención a las víctimas de racismo y xenofobia que se detalla en el Capítulo 3 del Plan de Lucha Contra El Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026. Desde SOS Racismo Navarra vemos con gran preocupación dicha propuesta, que detallaremos este apartado más abajo (en el apartado 4.)
3.13. PROMOCIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS, DE SU DIGNIFICACIÓN Y VISIBILIZACIÓN GARANTIZANDO SU PRESENCIA EN LA MEMORIA COLECTIVA Y EN EL ESPACIO PÚBLICO (OE12)
El Plan propone:
“Conmemoración anual cada 21 de marzo, como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial…” (A53, p. 24).
“Realización de una campaña específica de reparación, dignificación y memoria contra el racismo y la xenofobia bajo la marca “Navarra de Colores – Nafarroa Koloretan” (A54, p.24).
El 21 de marzo es celebrado, por el movimiento antirracista de Navarra, como una jornada de lucha contra el Racismo, desde hace 30 años. Bienvenido sea quien quiera sumarse a esa jornada de lucha.
Por ello, la propuesta de celebrar una jornada de reparación específica a las víctimas del racismo cuando, casi simultáneamente a la redacción del Plan, se aprueba la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo (de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos), que excluye a las personas extranjeras residentes en Navarra es, cuando menos, contradictorio e incluso discriminatorio, ya que unas víctimas son reconocidas y reparadas por ley y otras por actos. Es necesario el reconocimiento y reparación de las víctimas, de todas las víctimas, incluidas las del racismo (ya sean por grupos de extrema derecha, funcionarios públicos u otros agentes o por motivos políticos); todas por igual, en la misma ley, en el mismo acto, no estableciendo categorías de reconocimiento por nacionalidad.
3.14. EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL RACISMO
Está claro que, en la lucha contra el racismo y la xenofobia, existe un ámbito social y otro institucional.

En el ámbito social, las organizaciones llevamos años sensibilizando a la sociedad; atendiendo a las víctimas, recogiendo las quejas o denuncias de hechos discriminatorios y, a través de ellos, detectando situaciones o estructuras racistas o xenófobas; realizando informes anuales sobre todo ello; elaborando protocolos de actuación ante actos o situaciones racistas y proponiendo medidas de mejoras estructurales; movilizando a la sociedad contra la discriminación. Todo ello, a través de un trabajo en red que hemos construido día a día. Con nuestra labor, las organizaciones y, en general, el movimiento antirracista de Navarra hemos logrado un reconocimiento social y también institucional, tal y como diagnostica el Plan (“desde la dualidad de ser imprescindible para la administración y a la vez desprotegida por esta” (p. 12).
Dentro de nuestra labor, también le hemos reclamado a la Administración y, en concreto al Gobierno, que actúe contra la discriminación, que cumpla con su papel en la lucha contra el racismo y la xenofobia, que a nuestro entender pasaría por la creación de un organismo público, preferentemente con la figura de Instituto para, en primer lugar, coordinar todos los organismos del Gobierno; que haga una labor de vigilancia e identificación de las estructuras que provocan o favorecen el racismo institucional (incorporando las ya detectadas por las organizaciones sociales) y que adopte las medidas legales o ponga los recursos técnicos, humanos y económicos para su erradicación, así como que realice un seguimiento, con criterios antirracistas, de las leyes y decretos que se promulguen.
La coordinación interdepartamental es imprescindible, ya que existe una gran cantidad de Departamentos con competencias directas sobre racismo, xenofobia y migración (Interior, Igualdad, Derechos sociales, Educación, Salud, Vivienda, Juventud, Convivencia y Derechos Humanos, Justicia y Migraciones); además se hace necesaria una coordinación con el resto de las instituciones locales, con las que comparten competencias, por ejemplo, en temas de servicios sociales. Si como dice el Plan, el racismo institucional es un gran problema, un problema estructural, su identificación y adopción de medidas para erradicarlo será también imprescindible; entre estas situaciones, las derivadas de la publicación de leyes y decretos.
Esto es lo que, desde las organizaciones sociales, entendemos que son las competencias de un Gobierno en la lucha contra el racismo y la xenofobia y no repetir desde lo público, copiar lo que ya hace el movimiento social, que ejerce su cometido de vigilar, detectar, denunciar y proponer medidas para combatirlo. Esto es lo que esperábamos de un Plan contra el racismo y la xenofobia, pero el que ahora se nos ha presentado adolece de todos estos defectos: copia las tareas que son propias del movimiento social (y que realiza) y no propone hacer las tareas que son propias de una acción de gobierno.
La acción del gobierno en la lucha contra el racismo y la xenofobia, asumiendo las tareas que le son propias, es una de nuestras reivindicaciones históricas, que hasta el momento no ha obtenido respuesta y a las que el Plan de Lucha Contra El Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026 tampoco da respuesta.
3.15. JUSTICIA RESTAURATIVA
Como se menciona en la “Guía para la Incorporación de los enfoques psicosocial y restaurativo en los servicios de acompañamiento a víctimas de incidentes y delitos de odio y discriminación” del Institut de Drets Humans de Catalunya y SOS Racisme Catalunya:
“Las herramientas de las que actualmente disponemos para dar respuesta a las necesidades y expectativas de las víctimas de odio y discriminación no son suficientes. En particular, la práctica diaria de acompañamiento muestra que la justicia retributiva no está dando las respuestas que es legítimo esperar, especialmente en relación con la reparación del daño. A menudo, la falta de conocimientos y

sensibilidad de los actores del sistema de justicia respecto a los ejes de discriminación (racismo, LGTBI+fobia, capacitismo, neuronormativismo, etc.) y sus mecanismos, junto con el desconocimiento por parte de la ciudadanía de la misma administración de la justicia, suponen impedimentos graves para la restitución de derechos. Por esta razón, consideramos prioritario desarrollar y difundir actuaciones basadas en el enfoque restaurativo y dirigidas a reparar el daño, siendo este enfoque capaz de ofrecer reparación a personas susceptibles de ser vulnerabilizadas por motivos de odio en todas las etapas del proceso sobre las cuales podemos incidir (acogida de la víctima, denuncia, derivación, seguimiento etc.). Es necesario, además, ampliar y difundir los modelos de atención e intervención que hablen del impacto que esta violencia tiene en las personas y comunidades, así como también de sus estrategias de afrontamiento, resiliencia y resistencia. En este marco, el tipo de acompañamiento que se brinda a las personas es una de las claves del proceso restaurativo. El acompañamiento de toda persona construye un relato sobre la experiencia ajena: por lo tanto, como actores del proceso restaurativo (personal de atención, de las organizaciones y de las administraciones etc.) es necesario asumir la responsabilidad que conlleva ser parte también del proceso de reparación, y hacerlo de manera consciente y situada. La afectación de las personas víctimas de odio es el resultado del abuso de poder y de los privilegios. Adoptar una perspectiva restaurativa supone, por parte de todos los actores involucrados, un proceso humilde de aprendizaje continuo y participativo, en el que las personas víctimas o susceptibles de serlo son el centro alrededor del cual construir, desconstruir y redefinir una práctica enfocada en la reparación del daño no solo individual, sino colectivo” (p.30).
“Hemos visto que, si bien hay un consenso general sobre las bondades de la Justicia Restaurativa (JR), no existe un acuerdo en cuanto a cuáles son específicamente, ni en términos de los fines que persigue (en general y en el marco del sistema de justicia penal de forma específica), ni tampoco sobre cómo debe incorporarse en el ordenamiento jurídico. En parte esto se debe a que, como apuntan Van Ness y Strong (2010, p. 41), con la JR sucede como con los términos “democracia” o “justicia”: la gente en general entiende lo que significan, aunque no pueda ponerse de acuerdo sobre una definición precisa; la JR es una idea compleja que no cesa de evolucionar. Actualmente, estamos ante un contexto de oportunidad” (p. 104) pero que presenta muchas sombras.
El repaso de experiencias diversas de aplicación ha dado cuenta de la multiplicidad de posibilidades e incluso potencialidades de la JR, aunque a la vez debemos tener presente la advertencia de Walters (2014) tras décadas de estudio de experiencias prácticas: tampoco es la panacea. Y si se le asignan demasiados objetivos, el fracaso será mucho más probable. Por tanto, es necesario priorizar y, en ese ejercicio deben ocupar un lugar central los derechos, las necesidades y las demandas de las víctimas.
Las organizaciones de derechos humanos y el movimiento social han tenido un papel principal en el desarrollo y la implementación de los programas de justicia restaurativa a nivel mundial. Su efectividad para crear foros restaurativos se debe, en gran medida, a estar más cercanas de las comunidades de lo que el personal judicial suele estar.
De manera similar, las organizaciones civiles, que en algunos casos tienen más credibilidad que la policía, fiscales públicos y jueces, se mantienen en alta estima. En muchos países, tienen mayor legitimidad sus iniciativas programáticas. Esta legitimidad es muy importante para los programas restaurativos, muchos de los cuales dependen de la participación de residentes comunitarios y, en particular, de seguridad de las víctimas de que su caso será manejado con pocas posibilidades de revictimización e integridad.

  1. OFICINA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE RACISMO Y XENOFOBIA

En primer lugar, destacamos un párrafo que figura en la Introducción:
“Dedicamos un capítulo al diseño e implementación de la Oficina Pública de Atención a las Víctimas de racismo y xenofobia. La oficina cumple con el encargo incluido en la propuesta de la Dirección General en el sentido de diseñar “un servicio público de atención a las víctimas de discriminación o delitos de odio por razones de raza o etnia, así como sensibilizar y luchar contra los estereotipos raciales y étnicos a través de los medios de comunicación, la educación, la cultura o el deporte”. La creación de la oficina viene a llenar un espacio reclamado por instituciones, tercer sector y comunidades racializadas/etnificadas, y resulta tan novedosa como imprescindible” (p. 4).
Aunque, como ya hemos mencionado, creemos necesaria la creación de un organismo público (preferentemente con la figura de Instituto), parece lógico que su estructura y contenido se deriven de los contenidos del Plan que se está elaborando y no que se definan previamente.
Por otra parte, lo que hemos reclamado las organizaciones sociales, no es precisamente una oficina para “sensibilizar y luchar contra los estereotipos raciales y étnicos”, sino para que se ejerzan las tareas del Gobierno, las tareas que como Gobierno le son propias, tal y como hemos expuesto en el punto anterior.
El Plan detalla funciones que entendemos llevará a cabo esta oficina:
“Creación de una Oficina pública de Atención a las víctimas de racismo y xenofobia” (A38); “Habilitación de un canal de denuncia y asistencia telefónica para víctimas o testigos” (A39); “Diseño de protocolo para la detección de delitos/incidentes de odio… de discriminación en la administración pública… en el ámbito de vivienda… en el ámbito laboral… en el ámbito educativo… en el ámbito de salud… en el ámbito del deporte y ocio” (A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47).
Todo ello no hace sino corroborar que la propuesta que se nos hace vuelve a ser la dejación de las funciones propias del Gobierno, para plantear hacer las funciones que son propias del movimiento social y que las organizaciones sociales ya están realizando. Todo ello nos hace concluir que, la reivindicación histórica de la creación de un organismo público para ejercer la acción de gobierno en la lucha contra el racismo y la xenofobia sigue pendiente; como dice el propio Plan, queda pendiente llenar ese espacio reclamado.

  1. VALORACIÓN FINAL
    Entendemos que este Plan parte de un análisis global en el que, a pesar de partir de un concepto de Racismo como algo estructural e institucional, no contiene las herramientas para erradicarlo.
    Desde SOS Racismo Nafarroa hacemos una lectura del racismo como parte intrínseca del Sistema Mundo para mantener los privilegios de los poderes políticos, económicos, culturales y sociales establecidos desde comienzos de procesos de colonialismo en el siglo 15. En este sentido, el racismo es “una ideología hegemónica. Es un eje estructural del pensamiento occidente y un principio organizativo de los sistemas políticos contemporáneos” (Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026, p. 5).
    El sistema de dominación funciona con ejes de desigualdad estructural de clase, raza y género, principalmente. Por ello las discriminaciones siempre son interseccionales. “Se produce a partir de los sistemas de dominación -racismo, patriarcado, capitalismo-, que construyen a un sujeto en particular como potencial objeto de opresión, al situarlo en una posición subordinada de la estructura social. Se fundamentan en la intersección de las distintas categorías de opresión (género, raza, clase, origen

étnico/migrante, sexualidad, edad, etc.) que se encuentran en la matriz de dominación” (Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026, p. 6).
A pesar de que compartimos el marco conceptual de partida que se recoge en el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026, no vemos que esta mirada e intención se refleje y materialice ni en los objetivos ni en las acciones incluidas dentro del mismo.
Reconocemos el racismo institucional, estructural o sistémico como un hecho social total (Buraschi y Aguilar, 2019, p. 3) imbricado al sistema capitalista y patriarcal, como la sociedad en que vivimos.
Entendemos por racismo institucional aquel que “se produce en diferentes ámbitos, entre los cuales podemos destacar, por su importancia, los siguientes: 1) los discursos de representantes institucionales y la utilización pública y con fines electoralistas de los discursos xenófobos, en particular de los discursos de «preferencia nacional» […]; 2) las conductas discriminatorias de los funcionarios que representa la Ley y el Estado (policía, funcionarios de extranjería, militares, etc); 3) las medidas, regulaciones, leyes y decretos que limitan los derechos sociales, políticos, económicos y culturales. de las personas según su lugar de nacimiento, «raza», «etnia»; y 4) el culturalismo y etnocentrismo que estructuran las políticas sociales y orientan la intervención social de los profesionales que trabajan en contextos multiculturales en el ámbito social, sanitario y educativo” (Buraschi y Aguilar, 2020, p. 47).
Lo anterior, se puede encontrar en los informes que hemos presentado como SOS Racismo Nafarroa desde 1995 (en el siguiente enlace se accede a los Informes publicados por la Federación estatal de SOS Racismo, donde se incluyen los casos recogidos en Navarra https://sosracismo.eu/informe-sos/)
Como se indica en el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026, el racismo es una cuestión estructural porque: “Buena parte de las barreras con las que se encuentra la inmigración derivan del racismo institucionalizado, el que se encuentra al entrar en contacto con las administraciones públicas, derivado de las propias normativas, del trato en las fronteras, los encuentros con la policía” (p. 10).
En nuestro Informe Anual contra el Racismo 2021 comprobamos que en la mayoría de los casos que llegaron a nuestra oficina, el agente discriminador era una entidad pública.
En el mismo Informe se recogen los principales relatos de los casos de discriminación atendidos en nuestra oficina o detectados a través del trabajo en red con otros colectivos, fruto de líneas de trabajo y detección de irregularidades planteadas desde nuestra entidad. A través de estos relatos, damos visibilidad a diferentes expresiones del Racismo Estructural, que siguen reproduciéndose de manera sistemática en todos los ámbitos del sistema y condicionan las vidas de las personas migradas y/o racializadas, relegadas de los márgenes sociales, políticos y culturales.
SOS Racismo Nafarroa, como una entidad independiente que nace desde el movimiento social, lleva a cabo una labor de atención y denuncia a las discriminaciones étnicas y raciales desde 1992. Durante estos 30 años ha realizado un arduo trabajo de atención integral, documentación y sensibilización (A38)3 y habilitación de un canal de denuncia y asistencia telefónica para vÍctimas (A39), diseñando protocolos para la detención de incidentes por racismo (A41), protocolos de actuación de denuncia frente a hechos de discriminación tanto en la administración pública (A42) como en vivienda, laboral, educación, salud (A43, A44, A45, A46), desarrollando propuestas de mejora para prevenir el racismo en estos ámbitos. También mediante los informes anuales que publica SOS Racismo Navarra se ha aportado estudios estadísticos para conocer el perfil de víctimas y victimarias (A49) y recoger el número de prácticas racistas en diferentes ámbitos (A18, A19, A20, A21, A22). A parte de estos trabajos se ha desempeñado
3 Medida/Programa/Acción presentado en el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026

un papel importante en el diseño e impartición de formaciones dirigidos a sindicatos, tercer sector, colectivos de movimiento social, población migrada y población en general (A7).
SOS Racismo Nafarroa durante años ha realizado muchas de labores que se indican en el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026, presentado en diciembre de 2021, que se anuncia como el parteaguas del Gobierno de Navarra para enfrentar estos lastres sociales. Nos preocupa e indigna profundamente la intención de integrar nuestro proyecto dentro del tejido institucional, por dos razones.
Por ello, la propuesta de abrir una Oficina pública de atención a las víctimas de discriminación racial no sólo es una apropiación del proyecto propio de SOS Racismo. Lejos de encontrar el reconocimiento hacia nuestra entidad en el Plan, lo que vemos es la utilización de la estructura que hemos construido en Navarra y en el ámbito estatal en estos 30 años. En todo este tiempo hemos sostenido una oficina de denuncia a las víctimas por discriminación racial que ha funcionado durante años. Nos sorprende y no gratamente que se presente en el Plan como una propuesta nueva. El capítulo 3.2, donde explica las Funciones de esta oficina pública es —en su totalidad—, excepto la justicia restaurativa, una repetición del proyecto de SOS Racismo Navarra.
Al entender el racismo como un problema estructural e institucionalizado, una oficina de atención a las víctimas debe ser independiente y autónoma del poder público. El trabajo de nuestra entidad se ha desarrollado gracias a su relación, interacción y coordinación con otros agentes que están en el tejido social de Navarra por la defensa de los derechos humanos. Trabajamos en red y desde dentro del movimiento social, elevando las discriminaciones detectadas a las instituciones correspondientes. Nos coordinamos con las demás oficinas de atenciones y denuncias en Catalunya, Aragón, Bizkaia, Gipuzkoa y Galicia, que formamos parte de la Federación de asociaciones de SOS Racismo en el Estado español.
El trabajo de visibilización y denuncia del racismo institucional y estructural no se puede esperar que se realice dentro de las instituciones como indica el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026 con una Oficina pública de atención a las víctimas. Del mismo modo, no se puede esperar que las víctimas de racismo institucional interpongan denuncias a una oficina de la misma institución. Por ello no compartimos que esta Oficina pueda ser “un espacio neutro, un espacio de denuncia no marcado”, como se indica en el Plan (p. 25). En ese sentido es una falacia pretender ser un espacio neutro en la lucha contra el racismo y la xenofobia.
El rol de las instituciones debe permanecer en su ámbito de acción, que es hacer cambios necesarios en las leyes y normativas para garantizar la igualdad de derechos y dotar de propuestas para financiar los recursos públicos accesibles e igualitarios para toda la población. Consideramos muy importante que el poder público financie los proyectos de tejido social para promover los mecanismos de progreso y control de una sociedad democrática, pero nunca debe apropiarse de su labor.
Todos los departamentos, direcciones, institutos nombrados en este Plan de Lucha contra el racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026 deben tener compromisos concretos con propuestas concretas, que especifiquen los cambios normativos que va a realizar cada una en su ámbito de acción, para que en 2026 se pueda llegar a un avance real en la lucha contra el racismo y la xenofobia en el territorio navarro. De no ser así, nos encontramos con un Plan hueco, con una simulación.

14.723 comentarios sobre “APORTACIÓN DE SOS RACISMO NAFARROA AL PLAN DE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA EN NAVARRA 2021-2026”

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